La problemática de los Estándares Comunes Estatales

El problema principal con los Estándares Comunes no es lo que incluyen o excluyen, aunque ciertamente ese es un problema. El problema principal es el papel que juegan los Estándares Comunes Estatales (ECE) dentro de las dinámicas actuales de la reforma escolar y las políticas educativas. 

Hoy en día, todo lo que tiene que ver con los Estándares Comunes, hasta su nombre—los Estándares Comunes Estatales—puede ser rechazado, porque los estándares fueron creados como un instrumento de políticas rechazadas. Se han convertido en parte de un proyecto político más amplio que busca rehacer la educación pública, un proyecto que va más allá de las consignas que aseguran que todo estudiante se graduará “preparado para ser universitario y profesional”, lo que sea que quiera decir eso en este momento. Estamos hablando de implementar nuevos estándares nacionales y exámenes para cada escuela y distrito en el país, mientras que ocurren cambios dramáticos en la reforma educativa a nivel nacional y estatal. Estos cambios incluyen: 

• El experimento de 10 años llamado “Que Ningún Niño Se Quede Atrás”, el cual impuso el uso de estándares y exámenes por el gobierno federal, ha sido generalmente reconocido como un fracaso. 
• La adopción—por mandato federal—de un formato de evaluación para los maestros basada en los  resultados de los exámenes estudiantiles. 
• Varias rondas de recortes al presupuesto y despidos que han dejado a 34 de 50 estados con menos fondos para la educación que hace cinco años y eliminado más de 300,000 puestos de maestros. 
• Una ola de privatización que ha aumentado por 50% el número de escuelas particulares o “chárter” subvencionadas por fondos públicos pero administradas como escuelas privadas, mientras que más de 4,000 escuelas públicas han cerrado en el mismo periodo de tiempo. 
• Un aumento terrible en la desigualdad y pobreza infantil en las comunidades escolares. Los Estados Unidos es uno de los líderes mundiales en desigualdad y pobreza infantil, lo que explica los problemas de la educación mucho más que una falta de estándares curriculares comunes. 
• Un aumento dramático en el costo y la deuda requerida para entrar a la universidad. 
• Y, finalmente, una campaña masiva y bien financiada de multimillonarios y organizaciones poderosas de abogacía que buscan reemplazar nuestro sistema actual de educación pública con uno comercial, sin sindicatos y privado. Por todos sus defectos, el sistema de educación pública es una de las instituciones más democráticas que tenemos y una que ha hecho mucho más por abordar la desigualdad y ofrecer esperanza y oportunidades que las instituciones financieras, económicas, políticas y los medios de comunicación del país.

Pienso que varios de los partidarios de los Estándares Comunes no toman en cuenta la manera en que estos cambios definen el contexto en el que los estándares están siendo introducidos y cómo les están dando forma a la implementación de los ECE. En las palabras del maestro y bloguero Jose Vilson: “Las personas que abogan por los Estándares Comunes Estatales no tienen la visión más amplia que tienen las personas cercanas a las escuelas: los ECE son parte de un paquete que incluye las nuevas evaluaciones de maestros, los exámenes de alto impacto y las medidas de austeridad, como el cierre masivo de las escuelas. A menudo parece que los líderes quieren quedar bien con Dios y con el diablo cuando dicen que quieren mejorar la educación pero necesitan recortar los fondos de las escuelas… No tiene sentido para nosotros tener altas expectativas para nuestros estudiantes cuando no tenemos altas expectativas para nuestro sistema escolar”. 

Mi primera experiencia con la reforma educativa de los estándares fue en New Jersey, donde enseñé inglés y periodismo a los estudiantes de secundaria por muchos años en una de las ciudades más pobres del estado. En los años 90, los estándares curriculares fueron un tema central en el caso Abbott v. Burke—una larga acción legal para enfrentar la desigualdad de fondos entre las escuelas. El caso comenzó documentando como los escasos recursos en los distritos pobres y urbanos producían una desigualdad de oportunidades educativas, como peores edificios y materiales curriculares, maestros con menos experiencia y menos servicios de apoyo. En un punto clave del caso, y como un ejemplo precoz de los argumentos que hoy en día son bien conocidos, la entonces Gobernadora Christine Whitman declaró que en vez de ofrecer los mismos fondos a todas las escuelas, lo que realmente necesitábamos era estándares curriculares; es decir, enfocarnos en cómo gastábamos el dinero, no cuánto gastábamos. Si se le enseñara a todos los estudiantes “estándares curriculares comunes”, Whitman argumentaba, entonces todos recibirían una misma educación adecuada. 

En esa época la Corte Suprema de New Jersey era inusualmente progresiva y visionaria. Respondió en contra de la propuesta del estado para imponer estándares con una serie de jurisprudencias que nos pueden ayudar a enfrentar los problemas de los Estándares Comunes actuales. La corte estuvo de acuerdo con la idea de tener estándares para lo que las escuelas debían enseñar y los estudiantes debían aprender. Pero los estándares no se pueden alcanzar por si solos. Requieren de un personal profesional preparado y bien apoyado, mejores recursos de instrucción, edificios seguros y bien equipados, un número razonable de estudiantes por aula, y—especialmente si la intención de los estándares es ayudar a las escuelas a balancear la desigualdad que existe a su alrededor—requieren de una serie de servicios adicionales como el preescolar de alta calidad, los programas de verano y después de escuela, los servicios de salud y sociales, y más. En realidad lo que la corte dijo fue que adoptar estándares curriculares con “altas expectativas” era como pasar el menú de un restaurante lujoso: no todo el que recibe un menú puede pagar por la comida. Así que la corte aprobó los estándares curriculares comunes junto con uno de los mandatos para proveer fondos a las escuelas más equitativo del país.

Y aunque ha sido una lucha constante para mantener e implementar los mandatos de fondos equitativos para las escuelas de New Jersey, un problema central de los Estándares Comunes es la ausencia absoluta de un plan similar que sea creíble y ofrezca—o siquiera identifique—los recursos necesarios para que todo estudiante esté “preparado para ser universitario y profesional” de la manera que lo define los ECE. 

Los fondos no son la única preocupación, pero son un punto de partida y credibilidad. Si se está proponiendo un aumento dramático en los resultados y el desempeño para lograr metas sociales y académicas que nunca antes se han logrado, pero la mayor inversión que se ha hecho es en estándares y exámenes que solo sirven para documentar lo lejos que se está de alcanzar estas metas, entonces no se tiene un buen plan, o se está planeando otra cosa. Los Estándares Comunes, al igual que la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás”, están fallando la prueba de credibilidad de ofrecer fondos antes de siquiera haber sido implementados. 

La tentación de los Estándares Comunes

El invierno pasado, la mesa editorial de Rethinking Schools tuvo una discusión sobre los Estándares Comunes; estábamos tratando de decidir como enfrentar esta última tendencia en el mundo lleno de tendencias de la reforma educativa. En Rethinking Schools siempre hemos sido escépticos ante estándares impuestos desde arriba. La mayoría de los proyectos para crear estándares realmente han sido esfuerzos para quitarle a los maestros y las escuelas el poder de tomar decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje, poniéndolo a su vez en las manos de burocracias lejanas y políticos. A menudo los estándares han impuesto una versión benigna de la historia, la política y la cultura que refuerza los mitos oficiales, mientras que excluye las voces y preocupaciones de nuestros estudiantes y comunidades. Cualquiera que sea el papel positivo que pudiesen jugar los estándares en la conversación colaborativa sobre lo que las escuelas deberían enseñar y los niños deberían aprender ha sido socavado por un mal proceso, agendas políticas sospechosas e intereses comerciales. 

Aunque estas preocupaciones fueron expresadas, también encontramos que los maestros en distritos y estados diferentes estaban teniendo experiencias muy distintas con los Estándares Comunes. Por ejemplo, había maestros en Milwaukie que habían soportado años de currículos programados (“scripted curriculum”) y libros de texto impuestos bajo mandato. Para ellos los ECE representaban una oportunidad para desarrollar un mejor currículo y, en comparación con lo que habían tenido que soportar, parecían más flexibles y enfocados en las necesidades de los estudiantes. Para muchos maestros—espeAunque estas preocupaciones fueron expresadas, también encontramos que los maestros en distritos y estados diferentes estaban teniendo experiencias muy distintas con los Estándares Comunes. Por ejemplo, había maestros en Milwaukie que habían soportado años de currículos programados (“scripted curriculum”) y libros de texto impuestos bajo mandato. Para ellos los ECE representaban una oportunidad para desarrollar un mejor currículo y, en comparación con lo que habían tenido que soportar, parecían más flexibles y enfocados en las necesidades de los estudiantes. Para muchos maestros—especialmente en este periodo interino entre la implementación de los estándares y la llegada de los exámenes—la atracción de los Estándares Comunes está basada en gran parte en la afirmación que: 

• Representan un kit de estándares más organizados, inteligentes y enfocados en desarrollar habilidades de aprendizaje crítico, en lugar de aprender pedacitos desconectados de información. 
• Requieren de enseñanza más progresiva y enfocada en los estudiantes, incluyendo los elementos importantes de colaboración y aprendizaje reflexivo. 
• Ayudarán a nivelar el campo al subir las expectativas para todos los niños, especialmente los que están sufriendo los peores efectos de la preparación repetitiva y aburrida para los exámenes. 

Por si solo, el debate sobre los Estándares Comunes puede ser confuso: ¿quién no quiere que todos los estudiantes estén preparados para la vida después de la secundaria? Pero, dentro del contexto político e histórico que produjo los estándares—y los exámenes que están a punto de ser implementados—las implicaciones del proyecto de los Estándares Comunes lucen muy diferentes. 

Saliendo de la destrucción causada por “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” 

Los ECE salieron de la destrucción causada por la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás”. En el año 2002, la ley pasó con un apoyo enorme de ambos partidos y presentó una manera de cerrar las brechas históricas que existían entre los resultados académicos de los estudiantes. La ley marcó un cambio dramático en la política educativa a nivel federal – históricamente, la política federal había jugado el papel de promover acceso e igualdad, apoyando causas como la integración de las escuelas, más fondos para las escuelas con alta pobreza y la creación de servicios para los estudiantes con necesidades especiales; ahora estaba promoviendo mandatos que tenían que ver mucho menos con la igualdad y mucho más con estándares y exámenes, como también el cierre o la “reconstitución” de las escuelas, es decir, el reemplazo del personal escolar. 

La ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” requirió que los estados adoptaran estándares curriculares y que le hicieran exámenes anuales a los estudiantes para evaluar su progreso. Bajo la amenaza de perder fondos federales, los 50 estados adoptaron o revisaron sus estándares y comenzaron a examinar cada estudiante todos los años, del 3er a 8vo grado, y nuevamente en la secundaria. La supuesta meta era asegurar que cada estudiante estuviese a nivel de grado en matemáticas y lectoescritura, ya que se le requirió a las escuelas que un 100 porciento de los estudiantes pasaran los exámenes estatales. Los estudiantes estaban organizados en 10 categorías. 

Bajo cualquier medida, la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” fracasó en subir el desempeño académico y en cerrar la brecha de oportunidades y resultados estudiantiles. Pero al medir los resultados de los exámenes públicamente en contra de un ideal que ninguna escuela había obtenido, la ley logró crear una narrativa de fracaso que marcó una década llena de esfuerzos para “arreglar” las escuelas y culpar a los que trabajaban en ellas. Los resultados de los exámenes, divididos en categorías, resaltaron la brecha que existía entre los tipos de estudiante; pero la ley utilizó estas brechas para identificar a las escuelas como un fracaso, no para ofrecerles recursos o apoyo.

Al finalizar la primera década de la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás”, mas de la mitad de las escuelas en el país estaban en la lista de “escuelas fallidas” y las demás estaban a punto de seguirlas. En Massachusetts, que generalmente se considera como el estado con los estándares más exigentes del país—podría decirse que más exigentes que los Estándares Comunes—80% de las escuelas estaban enfrentando castigos por parte de la ley. Fue en ese momento que aparecieron las “exenciones”, es decir, las oportunidades para evadir las obligaciones de la ley. Cuando el número de escuelas que enfrentaban castigos e intervenciones aumentó, saliendo de las comunidades pobres de color donde la ley había hecho que la “reforma disruptiva” fuese normal y llegando a los distritos clase-media y los suburbios, la presión creció para cambiar el sistema inflexible de contraloría impuesto por la ley. Pero la coalición de ambos partidos que había pasado la ley había colapsado y la paralización del congreso hizo imposible cambiar la ley. Así que el Secretario de Educación de los E.U., Arne Duncan, bajo una justificación legal dudosa, inventó un proceso para ofrecerle exenciones a los estados que estaban de acuerdo con ciertas condiciones. 

Cuarenta estados fueron otorgados exenciones condicionales a la ley: Si acordaban aumentar la presión a las escuelas con más dificultades y con los niños más necesitados, podían aliviar la presión a las demás escuelas, pero solo si utilizaban los exámenes estudiantiles para evaluar a todos sus maestros, ampliar las escuelas particulares o “chárter” y adoptar estándares curriculares de “preparación universitaria y profesional”. Estos mismos requisitos fueron parte del programa “Carrera a la Cima”, que convirtió los fondos federales para la educación en becas competitivas y promovió las mismas políticas de la década anterior, aún cuando estas no habían sido exitosas como una estrategia para mejorar las escuelas. 

¿Quién creó los Estándares Comunes?

Como la ley federal prohíbe que el gobierno federal establezca estándares y exámenes nacionales, el proyecto de Estándares Comunes aparentemente se concibió como un esfuerzo estatal, encabezado por la Asociación Nacional de Gobernadores, el Consejo de Jefes Oficiales de Escuelas Estatales y Achieve, una empresa de consulta privada. La Fundación Gates proporcionó más de 160 millones de dólares en fondos, sin los cuales los Estándares Comunes no existirían. 

Los estándares fueron desarrollados en gran parte tras puertas cerradas por académicos y “expertos en evaluación”, muchos de ellos con lazos a compañías de exámenes. Anthony Cody, bloguero de Education Week y maestro de ciencia, descubrió que, de los 25 individuos en los grupos de trabajo a cargo de desarrollar los estándares, seis estaban relacionados con los fabricantes de exámenes de College Board, cinco con los editores de exámenes de ACT y cuatro con Achieve. No hubo ni un solo maestro en los grupos de trabajo. En los grupos de retroalimentación hubo 35 participantes, de los cuales casi todos fueron profesores de universidad. Cody encontró a un solo maestro involucrado en todo el proceso. Según la educadora de maestros Nancy Carlsson-Paige: “En total hubo 135 personas en el panel de revisión de los Estándares Comunes. Ninguno de ellos fue maestro de aula de Kínder a 3ro o experto en educación temprana”. Los padres de familia faltaron por completo. Los educadores de Kínder a la preparatoria se consultaron principalmente después de haber desarrollado los estándares, para modificar y aprobarlos—y conceder legitimidad a los resultados.

¿Estándares para “la preparación universitaria y profesional”?

La esencia de los estándares es de por sí verticalista. Para llegar a los “estándares para la preparación universitaria y profesional”, las personas que los desarrollaron empezaron por definir las “aptitudes y capacidades” que afirman ser necesarias para tener éxito en la universidad. Los exámenes para los ECE—que están siendo desarrollados por dos consorcios financiados por los gobiernos federales y estatales a un costo de alrededor de $350 millones—se diseñaron para evaluar estas aptitudes. Uno de estos consorcios, Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers, por ejemplo, afirma que los estudiantes que logran un nivel 4 en estos exámenes y obtienen una designación de “preparado para la universidad” tienen un 75 porciento de probabilidad de calificar una C o más mejor en su curso de composición el primer año de la universidad. 

Pero no hay evidencia concreta que conecte los resultados en cualquiera de estos nuevos exámenes experimentales con el futuro éxito en la universidad. Y vamos a necesitar mucho más que estándares y exámenes para que la universidad sea asequible y alcanzable para todos. Cuando yo fui a la universidad hace muchos años, “la universidad para todos” significaba admisiones abiertas, matrícula gratis y estudios de raza, clase y género. Hoy en día significa una competencia salvaje para entrar, montañas de deuda para quedarse los cuatro años y a menudo pocas oportunidades al salir. Sin embargo, “la preparación universitaria” está a punto de convertirse en la nueva marca de Progreso Anual Adecuado (AYP, por sus siglas en inglés) por el cual las escuelas se clasificarán.

La idea que para el año que viene los exámenes de los Estándares Comunes empezarán a etiquetar a los niños de tercer grado como estudiantes “en camino a la universidad” o no es absurdo y ofensivo. 

Se han planteado preguntas importantes acerca de la tendencia de los Estándares Comunes de enfatizar capacidades académicas difíciles en los grados primarios, de lo apropiados que son los estándares para la educación temprana, de la secuencia de los estándares de matemáticas, de la mezcla y el tipo de textos obligatorios y de la prioridad que ponen los Estándares Comunes en la lectura detallada de textos, de manera que se devalúan las experiencias existentes y la sabiduría de los estudiantes.

Una década de los exámenes impuestos por la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” ha demostrado que millones de estudiantes no pueden alcanzar los estándares existentes, pero los patrocinadores de los Estándares Comunes decidieron que la solución consistía en estándares aún más fuertes. Y esta vez, en lugar de que cada estado desarrolle sus propios estándares, los Estándares Comunes buscan crear exámenes nacionales que se puedan comparar a través de las fronteras estatales y los distritos, y que a la vez puedan producir los resultados negativos que son el motor de la reforma corporativa. 

¿Plan educativo o campaña publicitaria?

La forma en que los estándares se están imponiendo en los salones del país está socavando aún más su credibilidad. De por sí, estos estándares nunca han sido realmente implementados en ninguna escuela. Son descripciones más o menos abstractas de las capacidades académicas, organizadas en secuencias por personas que nunca han enseñado o que no han enseñado estos estándares en particular. Para tener cualquier tipo de impacto, los estándares deben convertirse en un currículo, en planes de instrucción, en materiales de aula y evaluaciones válidas. Un proyecto razonable para implementar nuevos estándares incluiría algunos programas pilotos de varios años que proporcionarían tiempo, recursos, oportunidades para colaboración y planes de evaluación transparentes.

En lugar de eso, vemos una campaña nacional de implementación sobre-exagerada que parece una campaña publicitaria más que un plan educativo. Y uso la palabra ‘publicitaria’ deliberadamente, porque otra característica decisiva del proyecto de los Estándares Comunes es la especulación desenfrenada. 

Joanne Weiss, la antigua jefa de personal del Secretario Duncan y la cabecera del programa de becas ‘Carrera a la Cima’, el cual hizo efectiva la adopción de los Estándares Comunes como una condición para recibir fondos federales, describió como los estándares están abriendo mercados nuevos y enormes para la explotación comercial:

El desarrollo de estándares comunes y evaluaciones compartidas altera radicalmente el mercado para la innovación en el desarrollo de currículos, desarrollo profesional y evaluaciones formativas. Previamente, estos mercados operaban a nivel estado, y a menudo a nivel distrito. Pero la adopción de estándares comunes y evaluaciones compartidas significa que los empresarios de la educación disfrutarán de los mercados nacionales, en los cuales los mejores productos podrán implementarse en todo el país.

¿Quién controla la educación pública?

Después de haber financiado la creación de los estándares, la Fundación Gates se ha asociado con Pearson para producir una colección completa de cursos desde Kínder a preparatoria alineados con los Estándares Comunes; estos se venderán a las escuelas alrededor del país. Casi todos los productos educativos ahora vienen empaquetados con la marca de los Estándares Comunes.

El currículo y las evaluaciones que nuestras escuelas necesitan no surgirán de este proceso. De hecho, la implementación verticalista y burocrática de los Estándares Comunes ha creado una complicada lucha política en las escuelas sobre quién controlará las políticas educativas—el poder empresarial y la riqueza privada o las instituciones públicas dirigidas, aunque sea imperfectamente, por los ciudadanos en un proceso democrático.

El servicio de noticias de internet Politico recientemente describió lo que denominó “la guerra financiera de los Estándares Comunes”, reportando que: “Decenas de millones de dólares se están invirtiendo en la batalla sobre los Estándares Comunes académicos… La fundación de Bill y Melinda Gates ya ha invertido más de $160 millones para desarrollar y promover los Estándares Comunes, incluyendo $10 millones en los últimos meses, y se está preparando para anunciar hasta $4 millones en becas nuevas para que el apoyo siga en marcha. Los patrocinadores corporativos le están echando la mano también. Decenas de los directores generales más importantes del país se van a reunir para planear un bombardeo comercial a nivel nacional que puede incluir la televisión, la radio y los medios impresos”.

Al mismo tiempo, en oposición a los Estándares Comunes hay: “Un conjunto de organizaciones con sus propios presupuestos de millones de dólares y mucha experiencia en movilizar a las multitudes y presionar a los legisladores, incluyendo Heritage Foundation, Americans for Prosperity, Pioneer Institute, Freedom Works y los hermanos Koch”. Estos grupos están alimentando una oposición derechista creciente en contra de los Estándares Comunes que combina hostilidad a toda iniciativa educativa federal y cualquier cosa ligeramente populista apoyada por la Administración Obama. 

Exámenes, exámenes, exámenes

Pero mientras sigue esta furiosa batalla política, la amenaza más inmediata para los educadores y las escuelas sigue siendo la nueva ola de exámenes de los Estándares Comunes, los cuales tienen fuertes consecuencias.

El Secretario Duncan, quien una vez dijo que “lo mejor que le ha pasado al sistema educativo en New Orleans fue el Huracán Katrina,” y quien llamó a Waiting for Superman “un monumento a Rosa Parks,” ahora nos dice: “Estoy convencido que esta nueva generación de evaluaciones estatales cambiará el juego de la educación pública por completo”. 

El problema es que este juego, al igual que el último, está arreglado. Aunque las personas racionales han encontrado cosas de valor en los Estándares Comunes, no se pueden justificar de manera creíble las consecuencias que supuestamente tendrán estos nuevos exámenes. De hecho, el proyecto de los Estándares Comunes amenaza con reproducir la narrativa de fracaso de la educación publica que condujo a una década de malas políticas en nombre de la reforma educativa.

Los reportes de la primera ola de exámenes de los Estándares Comunes justifican estos temores. En la primavera pasada, los estudiantes, padres de familia y maestros en las escuelas de Nueva York reaccionaron a los nuevos exámenes de los Estándares Comunes desarrollados por Pearson con protestas en contra de su larga o duración, dificultad y contenido inapropiado. Pearson incluyó logotipos corporativos y material promocional en las lecturas. Los estudiantes reportaron sentirse sobre-estresados y mal preparados—reaccionando a los exámenes con susto, ira, lagrimas y ansiedad. Los administradores pidieron directrices sobre qué hacer con los exámenes en los cuales los estudiantes habían vomitado. Los maestros y directores se quejaron de la naturaleza disruptiva del proceso de examinación y muchos padres animaron a sus hijos a no participar.

Aproximadamente 30 porciento de los estudiantes resultaron “competentes” según las calificaciones arbitrarias diseñadas para crear nuevas categorías de fracaso. Las diferencias de éxito escolar que supuestamente iban a reducirse por los Estándares Comunes aumentaron. Menos de 4 porciento de los estudiantes que estaban aprendiendo inglés (ELL, por sus siglas en inglés) pasaron. El número de estudiantes identificados por los exámenes con necesidad de “intervención académica” subió hasta 70 porciento, mucho más de la capacidad de los distritos.

Los exámenes están por quitarle cualquier potencial positivo que existe en los Estándares Comunes:

• La llegada de los exámenes quitará el tiempo, ya demasiado corto, que tienen los maestros y las escuelas para repasar los estándares y desarrollar adaptaciones apropiadas al currículo antes que el tiempo de instrucción se llene por las mismas evaluaciones.
• En vez de frenar la manía de sobre-examinar, las nuevas evaluaciones la acelerarán con pre-exámenes, exámenes interinos, pos-exámenes y “evaluaciones de rendimiento” electrónicas. Esto representa la diferencia entre hacerle a un paciente un análisis de sangre y quitarle toda la sangre.
• Los resultados se utilizarán en sistemas de datos que generarán medidas de valor agregado, porcentajes de crecimiento estudiantil, y otros números imaginarios que llamo “astrología psicométrica”. La práctica inexacta y poco fiable de usar los resultados de los exámenes para la evaluación de los maestros, lo que distorsionará las evaluaciones antes de siquiera implementarlas. Esto tiene el potencial de hacer que la implementación de los Estándares Comunes sea parte del ataque contra la profesión educativa, en vez de una manera de renovarla.
• Si los niveles de “preparación universitaria y profesional” de los Estándares Comunes se convierten en la norma para la graduación de la preparatoria, resultarán en más niños dejando la escuela y menos preparándose para la universidad. Los estudiantes más vulnerables serán los que están en mayor riesgo. Como lo dice FairTest: “Si una niña lucha por saltar la barra a cinco pies, no se convertirá en una saltadora ‘de clase mundial’ porque alguien alza la barra a seis pies y grita ‘salta más alto’, o si su mal rendimiento se usa para castigar a su entrenador”.
• Los costos de los exámenes, los cuales tienen varias partes a lo largo del año y se deben administrar por computador (que muchas escuelas no tienen), serán enormes y vendrán a costa de cosas más importantes. La caída en los resultados se está usando como excusa para cerrar más escuelas públicas y abrir más escuelas “chárter” privatizadas y escuelas “voucher”, especialmente en comunidades pobres de color.

Esto no es simplemente especulación cínica. Es una estimación razonable basada en la historia de la década de “Que Ningún Niño Se Quede Atrás”, el desmantelamiento de la educación pública en los centros urbanos del país y el espantoso crecimiento de la desigualdad y pobreza concentrada, lo que sigue siendo el problema central en la educación pública. 

La lucha

Los Estándares Comunes se han vuelto parte del proyecto de reforma corporativa que ahora está en marcha en nuestras escuelas. Mientras las escuelas luchan con estos nuevos mandatos, deberíamos defender a nuestros estudiantes, a nuestras escuelas y a nosotros mismos, empujando en contra de las cronologías de implementación y planes que preparan a las escuelas para fracasar, resistiendo las consecuencias y la prioridad dada a los exámenes, y exponiendo la verdad sobre los intereses comerciales y políticos que le están dando forma a esta solución falsa para los problemas que enfrentan nuestras escuelas.

Y hay señales alentadoras que el movimiento que necesitamos está creciendo. El año pasado en Seattle, los maestros encabezaron un boicot de exámenes que atrajo apoyo nacional y ganó una revocación parcial de los exámenes. En Nueva York este otoño, los padres de familia mandaron los resultados de los nuevos exámenes de Estándares Comunes de regreso al comisario estatal de educación con una carta declarando: “Los resultados del examen de este año son inválidos y NO proporcionan ninguna información útil sobre el aprendizaje estudiantil”. Los esfuerzos para no participar en los exámenes están creciendo cada día. Hasta algunos partidarios de los ECE han aprobado un llamado por un moratorio sobre el uso de exámenes para hacer decisiones de políticas. No es suficiente, pero es un comienzo.

Tardó casi una década para que el “sistema de contraloría” falso de la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” se estancara frente a sus numerosas contradicciones y el rechazo casi universal. La caída de los Estándares Comunes probablemente no tomará tanto tiempo. Muchos de los mitos y afirmaciones de los Estándares Comunes ya han perdido credibilidad entre muchos educadores y ciudadanos. Tenemos más de una década de experiencia con los resultados negativos e impopulares de imponerles más y más exámenes estandarizados a los niños y las aulas. Si esta creciente resistencia conduce a esfuerzos mejores y más democráticos para sostener y mejorar la educación pública, o si se abruma por el sistema masivo de exámenes que dejó la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” y que los Estándares Comunes busca ampliar, dependerá de los esfuerzos organizados de abogacía de los que son más afectados: los padres de familia, educadores y estudiantes. Como siempre, el organizarnos y ser activistas son las únicas estrategias que nos van a salvar, y siguen siendo nuestra mejor esperanza para el futuro de la educación pública y de la democracia de la cual esta depende.